El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a través de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social, ha suscrito un acuerdo institucional en defensa de la infancia y la adolescencia con la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y otros ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia sevillana.

«El refuerzo de las políticas públicas de protección del colectivo y la mejora de la coordinación entre las distintas administraciones» son los objetivos principales. La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en el acto de inauguración de una jornada provincial sobre políticas de infancia.

Han suscrito el documento la delegada municipal de Igualdad y Bienestar Social, María Antúnez; la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Angeles Fernández; la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio; la diputada provincial de Cohesión Social, Lydia Ferreras, y el resto de alcaldes y concejales de los ayuntamientos participantes.

En línea con el II Plan Andaluz de Atención a la Infancia, el acuerdo institucional suscrito propone que las instituciones implicadas «se conviertan en auténticos espacios de protección y buen trato de la población infantil para, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los niños».

El pacto contempla nueve compromisos, entre los que se incluyen la elaboración de planes de infancia a nivel local y provincial en los que «se establezcan las prioridades y necesidades detectadas y que permitan el diseño de acciones preventivas a fin de ofrecer a los niños un entorno familiar y social en armonía y sin violencia».

También pretende «garantizar los derechos de los niños, especialmente de quienes son más vulnerables, como eje primordial de las acciones previstas, estableciendo mecanismos que posibiliten su conocimiento, divulgación y sensibilización».

Otras medidas incluidas son la aplicación de un enfoque basado en los derechos del colectivo «y la priorización de la inversión en esta área en la elaboración de los presupuestos, de manera que se preserven los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la infancia, estableciendo además un sistema de seguimiento de la asignación».

Los firmantes se han comprometido también a compartir buenas prácticas y fomentar estrategias dirigidas tanto al interior de las entidades como hacia la sociedad en general o a incorporar cambios sistémicos y en la cultura organizacional en este ámbito, a la vez que formar a los profesionales.

Continuando esa línea, también han apostado por apoyar la creación de consejos de participación de los menores «a partir de los cuales se tengan en cuenta sus aportaciones e intereses en los asuntos públicos que les afecten» o también «a promover la constitución de mesas del buen trato a la infancia y la adolescencia que posibiliten el desarrollo de políticas intersectoriales y el trabajo en red».

A esto han añadido el fin de «impulsar servicios y programas que respalden la parentalidad positiva de las familias a la hora de ejercer sus responsabilidades en el cuidado, educación y desarrollo integral de los menores, y su empoderamiento para evitar la exclusión social».